Identifican más de 2,600 funcionarios que no
cumplen con perfil
Durante
operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos
regionales y locales”
La Contraloría General
identificó que 2,609 funcionarios designados en cargos de confianza en 289
entidades públicas a nivel nacional no cumplen o no acreditan cumplir con los
perfiles establecidos en su Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de
Perfiles de Puestos (MPP) y/o Clasificador de Cargos.
Esta cifra representa el
34% de los 7,574 funcionarios designados en cargos de confianza de 332
entidades (25 gobiernos regionales y 307 gobiernos locales) intervenidas como
parte del Operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los
gobiernos regionales y locales”, realizado del 22 al 26 de abril del 2019.
Esto significa que en el
87% (289) de los 332 gobiernos regionales y locales intervenidos se
identificaron funcionarios de confianza que no cumplen o no acreditan cumplir con
los perfiles, situación que debilitan el servicio meritocrático, al no asegurar
el acceso de funcionarios idóneos para el puesto que garanticen el cumplimiento
de los objetivos institucionales y la profesionalización de la función pública
orientada a generar valor público en beneficio del ciudadano.
Cabe destacar que la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir) ha comunicado a la Contraloría General (Oficio N°
127-2019-SERVIR/PE) que “no resulta válida la contratación, designación o
encargatura en un puesto (incluido los de confianza) de quien no cuente con el
perfil establecido, debido a que ello implicaría una contravención a los
documentos de gestión que regulan los perfiles de puestos de la entidad y a las
normas de acceso al empleo público”.
Situaciones
adversas
Durante el operativo
“Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales
y locales”, se identificaron seis
situaciones adversas que fueron comunicadas oportunamente a los titulares
de los gobiernos regionales y locales a fin de que adopten las medidas
preventivas y correctivas pertinentes.
Las otras situaciones
adversas identificadas son las siguientes:
●
En el 78%
(259) de las 332 entidades visitadas, los legajos del personal de confianza
carecen de documentación que sustenten los grados obtenidos por los
profesionales, constancias de estudios, certificados de trabajos y
declaraciones juradas, entre otros, incumpliendo la normativa. En algunos
casos, los legajos se encuentran desactualizados.
Esta situación
limita la verificación del cumplimiento de perfiles de funcionarios de
confianza a fin de determinar oportunamente si los funcionarios cuentan con los
grados y títulos declarados en sus hojas de vida así como las capacidades y
experiencia exigida para el puesto.
●
En el 51%
(169) de las 332 entidades intervenidas, se ha designado funcionarios de
confianza por encima del 5% del total de trabajadores de cada entidad, incumpliéndose
la normativa vigente.
Esta situación incide sobre en el presupuesto de
la entidad, al considerarse un mayor número de funcionarios a quienes se les
fija remuneraciones más elevadas que al personal en general, lo cual disminuye
los recursos que pueden ser destinados a
otros servicios.
●
El 32.5% (108)
de los 332 gobiernos regionales y locales se han emitido o modificado los
Manuales de Organización y Funciones (MOF), a partir del 2 de enero del 2014, a
pesar de que estaban impedidas de hacerlo.
Dicha
situación adversa se genera por desconocimiento normativo teniendo como
consecuencia que las funciones, servicios y operaciones que realiza la entidad,
en base al MOF modificado después de esta fecha, no se sustente en el principio
de legalidad.
●
El 31% (103)
de las 332 entidades intervenidas se designaron funcionarios de confianza en
plazas no previstas en la normativa interna (Manual de Organización y Funciones
- MOF, Manual de Perfiles de Puestos – MPP, y/o Clasificador de Cargos).
Esta situación
ocasiona que el vínculo laboral del personal de confianza no tenga una correcta
o válida justificación administrativa; además, al no haberse observado las
normas de acceso a la función pública se vulnera el interés general e impide la
existencia de una relación válida, lo cual genera a su vez una menor
disponibilidad de recursos para brindar más y mejores servicios.
●
En el 3.3%
(11) de entidades se identificaron 12 funcionarios de confianza que se
encontraban registrados como sancionados en la Autoridad del Servicio Civil
(Servir), estando impedidos de laborar en el sector público, situación que
evidencia que no se implementaron mecanismos de fiscalización durante el
proceso de incorporación de funcionario.
Además, en el
cruce de información masiva en la base de datos de SERVIR, se identificaron 18
casos de personas inhabilitadas para prestar servicios en el Estado. En 10
casos se dejó sin efecto la designación y los ocho restantes cuentan con medida
cautelar, cumplieron su sanción o archivaron su caso.
IMPACTO DEL OPERATIVO
Durante y después del operativo, un total de 318
funcionarios designados en cargos de confianza en 90 entidades públicas fueron
cesados o renunciaron a su cargo, después de haberse comunicado a las titulares
de las entidades los casos específicos de incumplimiento o faltas (al 13 de
junio del 2019).
RECOMENDACIONES
La Contraloría General formuló siete
recomendaciones orientadas a contribuir a
la mejora de la capacidad y eficiencia de las entidades municipales e impulsar
la modernización de la gestión pública. Entre ellas, destaca:
-Al Congreso: Proponer normas que mejoren la regulación de las
políticas de incorporación del personal de confianza en las entidades del
Estado.
-Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Propiciar estrategias para incentivar a los
gobiernos regionales y locales para que se adecuen a las normas emitidas por
Servir, principalmente en materia de incorporación del personal en cargos de
confianza. Además, impulsar acciones que conlleven a un necesario apoyo de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, encargado de administrar el
Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos.
-Al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE): Generar acciones de supervisión y monitoreo para que los funcionarios
responsables del órgano encargado de las contrataciones estén debidamente
certificados.
-A la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR): Impulsar la incorporación de las entidades locales y regionales al
régimen Servir, considerando las posibilidades técnicas y legales, las
limitaciones presupuestales y condiciones del mercado laboral en los distritos
alejados del país; con la finalidad de
captar a los profesionales mejor capacitados y el apoyo y fiscalización
posterior a los gobiernos regionales y locales para verificar el cumplimiento
de las políticas y normas del sistema del servicio civil.
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