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Presentan apelación de prisión preventiva contra Marcos Díaz


El abogado defensor de Marcos Díaz Espinoza, exgerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, investigado por haber recibido supuestamente haber solicitado 20 mil dólares a Eleuberto Martorelli, como parte de un soborno, presentó recurso de apelación por prisión preventiva.
Gonzalo Gonzales, Abogado defensor de Díaz Espinoza, manifestó que se presentó la apelación, pues la sentencia que declara fundada la prisión preventiva no tomó en consideración que el Código Procesal Penal exige las declaraciones de los aspirantes a colaboradores y colaboradores eficaces deben estar debidamente corroboradas con otros medios de prueba.
Mencionó que en las declaraciones de Celso Gamarra Roig existen importantes contradicciones y olvidos que el juez trata de justificar.
“Celso Gamarra dice que entregó las bases del proceso de selección en setiembre del 2008; sin embargo, esas bases ya estaban publicadas desde agosto del mismo año. Además, las bases que Gamarra entrega al Ministerio Público son de un concurso oferta, pero lo que dice la Ley es que ese tipo de proceso solo es aplicable en la modalidad de selección de una licitación pública a suma alzada y ésto no se aplica para una licitación a precios unitarios, como fue la verdadera licitación. Por lo tanto, es imposible que esas bases hayan sido entregadas a César Villanueva para que él las publique”, indicó el Abogado Gonzales Gonzales.
Además, manifestó que, a partir de esa delación, es que para el fiscal -y para el juez que lo acogió en su resolución- resulta sospechoso todo el procedimiento de selección, la contratación y la ejecución de la obra.
Finalmente, el Abogado recordó que el juez argumenta que existe peligro procesal, por cuanto, supuestamente, los trabajadores del Órgano de Control Institucional (OCI) del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo declararon ante la Fiscalía, que los superiores habían desestimado sus informes de investigación y el juez desconoce que los trabajadores de una OCI dependen de la Contraloría General de la República y no de los funcionarios de la entidad a la cual controlan.
Abogado espera que Juez se pronuncie sobre este pedido antes de fin de año. (D. Voces)

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