Por 15 millones, Villanueva quiere quitar 250 millones a consumidores
(Diario Voces). La aplicación del IGV empieza a hacer sentir sus efectos más nocivos en los bolsillos de la población de a pie. Una de las claras muestras es el incremento de precios en las tarifas de agua potable, donde desde este mes se ha empezado a aplicar el IGV y no fraccionado al 3.8%, sino el 100%, por supuestas disposiciones de su ente rector, la SUNASS.
(Diario Voces). La aplicación del IGV empieza a hacer sentir sus efectos más nocivos en los bolsillos de la población de a pie. Una de las claras muestras es el incremento de precios en las tarifas de agua potable, donde desde este mes se ha empezado a aplicar el IGV y no fraccionado al 3.8%, sino el 100%, por supuestas disposiciones de su ente rector, la SUNASS.“Nosotros estamos aplicando la norma, que dice que debemos grabar el 19% del IGV en nuestras facturaciones”, refirió Emerson Vásquez, gerente de EMAPA San Martín, al respecto. De acuerdo a lo que indica el funcionario, las empresas prestadoras de servicios no pueden cobrar la fracción del IGV porque sus tarifas son dictadas desde la SUNASS y son inamovibles.
“Debería ser un incremento gradual, empezando por el 3.8% que se ha determinado por el momento, sin embargo, nosotros no podemos hacer un desagregado en lo que ha determinado la SUNASS como monto tarifario, a menos que haya una rectificación del ente rector”, indicó Emerson Vásquez.
De la misma opinión es el jefe de la SUNAT, Wilfredo Castillo, quien allanándose a las normas existentes tan solo informa que el IGV debe cobrarse sí o sí, por haberse puesto en vigencia los decretos 977 y 978, los mismos que eliminan la exoneración. “Los servicios están afectos al IGV”, dicta como sentencia.
Otro punto de vista
No obstante, para la contadora Haydith del Aguila, al haber declarado el Tribunal Constitucional Inconstitucionales los decretos 977 y 978, los mismos que eliminan las exoneraciones tributarias, las empresas no están obligadas a pagar el IGV; que tanto daño empieza a causar.
Como se sabe, el Tribunal Constitucional ha mandado al Congreso de la República la corrección de vicios en la elaboración de los referidos decretos, por lo que para Haydith del Águila, al existir un limbo legal no debe aplicarse el IGV. Se funda en el artículo 170 del Código Tributario que indica que al existir contraposición de normas, la que se sobrepone queda como inaplicable.
Pero para el economista Miguel Ajalcriña, esta interpretación puede llevar al error a los asesorados. Según su criterio, los decretos 977 y 978 al ser observados por el Tribunal Constitucional, a pesar de las sugerencias que se realizaron, sigue siendo totalmente aplicable. “Lo que ha observado el Tribunal Constitucional es la forma, mas no el fondo”, indicó.
Perjuicio para consumidores
En lo que todos están de acuerdo es en el grave daño que le hace al consumo interno de la región San Martín este cobro, en el que insiste César Villanueva por 15 millones para el Gobierno Regional como si este ente del Estado solventase las economías individuales de cada uno de los sanmartinenses.
“Están diciendo que el Gobierno Regional de San Martín está perdiendo 15 millones de nuevos soles, ,pero no están tomando en cuenta lo que van a tener que asumir con la aplicación de este IGV en las obras que están en ejecución”, refiere Haydith del Águila, agregando que no han medido el daño que causa el incremento de los precios en el poblador de a pie, que verá disminuidas sus capacidades de consumo, al incrementarse, tal como lo admitió en una entrevista Neptalí Santillán, vocero de Nueva Amazonía, los costos de los servicios, los precios de los minoristas e incluso todo lo que nazca de la producción regional. Haydith del Águila calcula en 250 millones de nuevos soles, el dinero que dejará de circular en la región San Martín para el consumo interno, por la aplicación del IGV. A cambio de ello, César Villanueva se empecina en sus 15 milloncitos.
Para Miguel Ajalcriña, el cálculo del presidente regional es muy simplista y parte de un análisis al que llega empujado por sus asesores quienes solo piensan en llenar las arcas del Gobierno Regional de San Martín con 15 millones y con ello cumplir con lo encomendado por el Fondo Monetario Internacional, que desde el año 2001 viene exigiendo a través de cartas de intención con el gobierno peruano la desaparición de las exoneraciones tributarias, algo que a su parecer ni siquiera sucede al interior de sus países.
No cabe duda, que la posición intransigente en contra de los sanmartinenses adoptada por el mismísimo César Villanueva, pone en jaque nuestra economía y empieza a sentirse el verdadero impacto. Y Villanueva parece no querer rectificarse. (LQB)
