D.S que prohíbe que profesores procesados y condenados dicten clases es anticonstitucional
Alfonso Quevedo Sánchez, profesor, abogado y dirigente regional y nacional del SUTEP, calificó de anticonstitucional el Decreto Supremo N° 019-2010-ED, publicado en el diario Oficial el Peruano el pasado 02 de Julio, que prohíbe que profesores que fueron procesados y condenados por terrorismo estén en las aulas de las instituciones educativas. “Desde todo punto de vista esta norma es anticonstitucional, porque vulnera muchos derechos de la persona consagradas en nuestra Carta Magna”, comentó. Este Decreto Supremo, niega que estos profesores condenados por Terrorismo, como toda persona que ha delinquido puedan reinsertarse en la sociedad. Además la indicada norma es ilegal, porque viola el Código Penal Vigente.
El docente y abogado Alfonso Quevedo, explica que el Código Penal Vigente, señala en su artículo IX de su título preliminar que la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora, por ende todo condenado, al margen de la profesión que desempeña tiene el derecho de resocializarse. Del mismo modo, el Mismo Código Penal , señala en su artículo 69° y 70° el derecho que tienen las personas a la rehabilitación, significando esto la restitución a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia, la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales, etc.
“Consideramos, que el Decreto Supremo N° 019-2010, dado con nombre propio para los profesores, constituye una arremetida más contra los maestros y una persecución del gobierno, porque con ese mismo criterio jurídico ninguna persona condenada podría desempeñar su profesión, después de rehabilitada”, expresó.
Agrega que no es casual, que este Decreto Supremo irrito, se da en circunstancias en que el magisterio viene haciendo graves denuncias de corrupción contra el Ministro Chang y su entorno, que se han atornillado en el Ministerio de Educación, porque a pesar de las denuncias y los escasos resultados, se mantienen en el sector, desde el inicio del gobierno aprista. También la publicación de esta norma, la podemos considerar como una cortina de humo, en momentos en que la corrupción campea en todas las esferas del gobierno y ante las evidencias del fracaso del gobierno en materia antisubversiva.
Ante esta situación, el camino que tienen las personas agraviadas por esta norma, es buscar la derogatoria de este Decreto Supremo, a través de un proceso de anticonstitucionalidad. Quevedo como dirigente regional, emplaza en la Región San Martín, a la Defensoría del Pueblo y a los organismos de Derechos Humanos a pronunciarse al respecto, porque no es posible que en un país que se jacte de ser democrático e impera el estado de derecho se sigan sacando normas que agravian los derechos de las personas.
