GORESAM retornó al tesoro público 270 mil nuevos soles
Por un proceso de licitación amañada en la Red Tocache:
Increíble. Por querer favorecer a una determinada empresa en una licitación pública realizada por la Red de Salud de Tocache, el gobierno regional de San Martín, perdió 270 mil nuevos soles, destinado a la compra de una ambulancia, dinero que fue retornado al tesoro público.
Este es sólo un caso del informe presentado ayer en sesión del consejo regional de San Martín por la comisión de fiscalización presidida por la consejera Cyntia Hidalgo Villanueva.
El objetivo del gobierno regional era que todas las redes de salud de la Región contarán con sus respectivas ambulancia, por ello ha destinado presupuestos a las diversas Redes. Sin embargo la Red de Salud de Tocache lanzó una licitación pública direccionada a favorecer a una empresa que sería de Huanuco; esta licitación que debió haber culminado con la entrega de la buena pro el 31 de marzo del presente año, por los reclamos de otras empresas ante la aparente irregularidad en el proceso, se vino abajo, perdiendo el dinero, la ambulancia y perjudicando a toda una provincia, señaló Cyntia Hidalgo.
Otra informe de la comisión de fiscalización, señala que en la misma Red de Salud de Tocache se hicieron pagos indebidos a 3 profesionales de la salud, que sin asistir durante once días a su centro de trabajo (no solicitaron tampoco licencia) fueron pagados, incluido viáticos.
Respecto a la Dirección regional de Educación, la comisión constató que más de 350 mil nuevos soles (dinero del Estado) fueron depositados como ingreso a la cuenta personal de un trabajador de la DRE en Moyobamba y de acuerdo al estado de cuenta solo 320 mil figura de egresos.
Finalmente el cuarto informe de la comisión de fiscalización concluye que la Ordenanza sobre el AFOCAT continuará vigente en la Región, mientras no sea declarado su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional.
Cyntia Hidalgo dijo que todos los informes sobre estos hechos de corrupción serán entregados al Presidente Regional, al Secretario General y a la OCI para las investigaciones y denuncias correspondientes.
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